Va por todo: la AFIP demandó a Cristóbal López y Ricardo Echegaray

El organismo recaudador pretende que el Estado sea compensado «por las obras que tuvo que dejar de hacer por no haber podido contar con el dinero retenido por las empresas de Cristóbal López»

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La AFIP demandó a Cristóbal López, a su socio Fabián De Sousa y a Ricardo Echegaray por «daños y perjuicios», a raíz de la falta de pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) de Oil Combustibles SA. La deuda generada en el expediente judicial era de $ 8.000 millones, pero a la fecha, contabilizando intereses y punitorios y deuda post concursal de la firma, se estima que ya deben al organismo unos $ 19.000 millones.

Por primera vez desde su fundación, en 1996, la AFIP presentó una demanda civil por «daños y perjuicios», que en este caso puntual está destinada a que el Estado sea compensado «por las obras que tuvo que dejar de hacer por no haber podido contar con el dinero retenido por las empresas de Cristóbal López».

Según informó Clarín, el abogado del fisco, el radical Ricardo Gil Lavedra, presentó la demanda ante el juez Julián Ercolini, quien lleva la causa donde se investigó la maniobra a través de la cual López se financió con fondos que debían ir al Estado a través del pago del ITC: «La presente acción tiene por objeto reclamar la reparación e indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la AFIP», indica el escrito, que plantea que los tres acusados «son civilmente responsables por los perjuicios ocasionados al fisco como consecuencia de tales hechos, y cuya reparación integral, incluyendo intereses y costas, se persigue con la promoción de esta acción».

Bajo esta misma línea argumentativa, el organismo recaudador sostuvo que «desde la más alta conducción de la propia AFIP se pergeñó una verdadera maniobra defraudatoria por la cual, durante más de cuatro años, a través de un gran número de irregularidades, se permitió que Oil no ingresara el impuesto sobre los combustibles líquidos como lo preveía la normativa vigente».

Se exige a través de la demanda, que los acusados respondan por «la totalidad de las sumas dejadas de percibir por el Fisco en función de la maniobra defraudatoria», y sostienen además que»los perjuicios causados por la afectación de la institucionalidad de la AFIP por la pública burla a los controles del Fisco» y que «el lucro cesante que supone para el Estado Nacional la indisponibilidad de las sumas lisa y llanamente sustraídas al erario público».

Para la AFIP los fondos no tributados «se usaron indebidamente para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenece (grupo Indalo), como así también para expandirlo. Este proceder tornó incierto el cobro de lo adeudado por parte del Estado Nacional».

Al momento de realizar la demanda civil, la AFIP señaló que la misma se sustenta en «el perjuicio concreto está determinado por la defraudación de la que la AFIP fue objeto. La responsabilidad de Ricardo Echegaray en su calidad de funcionario máximo del organismo recaudador surge en forma directa, tal como se ha relatado y fue tenido por probado en el expediente».

Como principal autoridad del fisco, Echegaray, «permitió el acogimiento a sucesivos planes de pago y omitiendo el reclamo de la deuda» y «toleró a sabiendas su ilegalidad», habilitando a López a que, «luego de incumplir sistemáticamente con el pago del impuesto, utilice el dinero del Fisco para financiar a otras sociedades del Grupo Indalo».

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