By En las mencionadas oficinas, el expresidente Mauricio Macri reunió a políticos, empresarios y periodistas. Sin embargo, las fuerzas policiales no lo buscaban, tampoco a sus colaboradores o equipos técnicos.
Los efectivos policiales ni siquiera secuestraron documentos importantes o computadores. Esos agentes estaban allí en busca de Guillermo Masoni y su hermano Daniel, que permanecen con un pedido de captura solicitado por un juez de Santiago del Estero. El empresario es dueño del inmueble y amigo de Macri, pero esos no son motivos suficientes para argumentar una detención.
La redada pasó desapercibida para la sociedad pero no para la cúpula del PRO. La familia Masoni se destaca por ser de las más influyentes en el mundo empresarial pero de poca exposición pública, hasta el reciente allanamiento que logró romper con eso.
La especialidad de la familia se centra en negocios de desarrollo inmobiliario, aunque eso no es algo que le interese al régimen de Zamora en Santiago del Estero, pues los Masoni tienen desde hace 70 años más de cien mil hectáreas en el territorio provincial.
Darío Alarcón es el juez que presentó el pedido de captura, en el marco de una denuncia presentada hace nueve años sin novedad alguna hasta septiembre de este año, semanas atrás. Según el juez, los Masoni forman parte de una asociación ilícita que decidió usurpar grandes extensiones territoriales del distrito gobernado por Zamora. La acusación dictamina que los Masoni, el exdiputado PRO y abogado, Rodrigo Posee junto con otros imputados más, ocuparon de modo ilegal 250 mil hectáreas.
Semanas atrás, Posse había sido encarcelado por ser colaboracionista de la familia al ser su abogado. Casualmente, Posse, que supo ser Diputado y Concejal de la capital santiagueña, es también el mayor opositor al Zamorismo. Posse al interesarse que la denuncia de hace nueve años había comenzado a tener movimiento, se presentó tres veces con Alarcon pero ni el juez ni el fiscal respondieron al llamado de Posse.
El miércoles anterior a que allanaran las oficinas de Macri, el dirigente opositor se encontraba saliendo a hacer deporte, de repente vió varios hombres que lo rodeaban por detrás y los costados, estos le preguntaron su nombre y para evitar que piensen que le estaban robando, los hombres se identificaron como policías y le mostraron la orden de arresto. Según denuncia Posse, fue subido a una camioneta común y no a un patrullero. Le ordenaron desbloquear su celular y se resistió. Sin aviso alguno terminó siendo encerrado en un calabozo del Centro Único de Detención en la capital santiagueña. Su esposa supo de él después de recorrer varias comisarías. Posse estaba preso acusado de ayudar a robar miles y miles y miles de hectáreas para los Masoni. A las cuarenta y ocho horas de ser encerrado Alarcón le tomó declaración indagatoria. El abogado defensor solicitó que se le informará qué delitos se habían cometido, también leer el expediente que antes se le había negado conocer. Incluso el interrogatorio se alejaba de las normas habituales que deben garantizar el derecho a la defensa de cualquier ciudadano argentino. Posse fue liberado pero los Masoni aún son buscados por la policía.
Tras conocerse los hechos, toda la dirigencia del PRO salió a repudiar el acto con un duro comunicado. Bullrich, Ritondo, De La Torre, entre otros, fueron los que difundieron el comunicado. “No puede haber en la Argentina un rincón del país donde no rija la ley” fue la línea seguida por la presidente del partido.
Los Masoni no solo son dueños de las oficinas de Macri, también denunciaron al presidente Fernandez y al ministro de seguridad nacional por su inacción ante la usurpación de supuestos grupos mapuches en La Patagonia, antes de los desalojos recientes.
Rodrigo Posse no tiene dudas de que su detención en un calabozo no solo fue por fuera del derecho penal argentino, sino que también afirma que el gobernador de la provincia, Zamora, influyó en el Poder Judicial para “castigarlo” a él y los Masoni por su cercanía con el PRO, Bullrich y Macri.
En el pasado, los Masoni donaron varias hectáreas al gobierno provincial para evitar conflictos con las comunidades locales que buscaban ocuparlos. Incluso la exgobernadora y mujer de Zamora, Claudia Ledesma, participaba de los actos donde se firmaban los convenios.
La realidad es que no existen pruebas concretas para acusar a los Masoni de haberse adueñado de 250 mil hectáreas cuando ya demostró en una causa ratificada por la Corte Suprema de la Nación que ellos son los propietarios de más de 100 mil hectáreas en toda la provincia.
El juez de la causa, Alarcón, es un viejo amigo del gobernador Gerardo Zamora. En sus épocas de estudiantes de Derecho ambos trabajaron en el estudio del doctor Julio Abate. El mandatario provincial nombró a Abate como fiscal de Estado de Santiago del Estero.
