By El presidente argentino Alberto Fernández se refirió este martes a la situación de los derechos humanos en Venezuela y señaló que ese “problema” estaba “desapareciendo” en la nación caribeña que vive desde hace años una grave crisis humanitaria, política y social.
“Lo digo con mucha franqueza: muchos de izquierda me criticaron porque apoyé el informe de (Michelle) Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos, pero también trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos. Y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. Hay un camino para resolver los problemas que no pasa por meterse en los países ni de forma armada ni con bloqueos”, dijo Fernández en declaraciones a una estación de radio de Buenos Aires.
Hasta el momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha permitido que se instale una oficina permanente de la ONU en Caracas para monitorear las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que padecen los venezolanos. Incluso los tres funcionarios de Naciones Unidas que están en el país latinoamericano están con sus visas vencidas: es decir, Caracas no les renovó siquiera sus permisos para trabajar allí.
Los últimos informes de las Naciones Unidas redactados por la oficina de Bachelet son contundentes. En el documento dado a conocer el pasado 11 de marzo, la Alta Comisionada se refirió a la violación de derechos humanos en Venezuela. Se registraron “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”, de acuerdo al informe.
Bachelet dijo entonces que hasta esa fecha habían recibido denuncias respecto a individuos que han colaborado con su oficina y con la Misión Independiente han sufrido represalias. “Estamos investigando también estas alegaciones muy graves y en cualquier caso pedimos que cesen inmediatamente y que los responsables sean sancionados”, señaló en aquella presentación la ex presidenta chilena. El régimen no sólo no lo investigó sino que, obviamente, nadie fue condenado.
Horas después de conocida la posición de la ONU sobre Venezuela, la dictadura de Maduro emitió un durísimo comunicado denunciando la supuesta falta de “objetividad” de Bachelet. “Preocupa que la Alta Comisionada pierda su rigor y objetividad ante la presión de actores anti-venezolanos”, agregó el canciller del régimen Jorge Arreaza.
Un día antes, Marta Valiñas -presidenta de la Misión Internacional Independiente- se refirió a la violación a los derechos humanos y a las graves irregularidades institucionales que padecía el país a manos de Maduro: “La represión continúa, por tanto, contra las personas percibidas como ‘enemigos internos’ u opositores al gobierno. Continúan procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que investigamos para en el informe de septiembre de 2020. Para las y los que siguen encarcelados, los retrasos en los procesos judiciales han causado daños graves y, en algunos casos, irreparables. Salvador Franco, un hombre indígena pemón detenido arbitrariamente en prisión preventiva desde diciembre de 2019, falleció en enero tras no recibir atención médica por su grave situación de salud, incluso después de que un tribunal ordenó que se le brindara dicho tratamiento”, agregó Valiñas en su denuncia.
De acuerdo a Foro Penal, una ONG que monitorea la situación de los derechos humanos permanentemente bajo la dictadura militar chavista, hasta el día de hoy existen 306 presos políticos en Venezuela. Además, según esa institución, “más de 9.000 personas siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad”.
