Buscan cancelar la pensión de vicepresidente de Amado Boudou

En caso de que haya condena penal contra Boudou, la OA informará a ANSeS que «no debe pagar la pensión vitalicia dado que el ex Vicepresidente incurrió en delitos contra la administración durante su ejercicio en el cargo», explicaron fuentes oficiales

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El Estado Nacional apeló la decisión de la jueza federal de la seguridad social Ana María Rojas, que había impuesto a la ANSeS pagarle a Amado Boudou su pensión como ex vicepresidente de la Nación.

La jueza hizo lugar a un amparo presentado por el ex vice y ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social que se expida al respecto «en el plazo de veinte días de notificado, bajo apercibimiento» de ser denunciados penalmente por incumplimiento. Ahora el Estado Nacional apeló la medida.

El reclamo del Gobierno se presentó ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, dilatando los tiempos para que se decida si Boudou podrá percibir su pensión o no. La decisión guarda relación con un reclamo de la Oficina Anticorrupción (OA), a la que la ANSeS le pidió que intervenga y analice si corresponde que dicho beneficio sea otorgado al ex vice de Cristina Kirchner. Este reclama las 3/4 parte de un sueldo de un ministro de la Corte que gana, en promedio, unos 240 mil pesos por mes, tal cual lo contempla la ley 24.018. Serían unos 180 mil pesos.

El ex vicepresidente inició el 10 de diciembre de 2015 los trámites para comenzar a cobrar su pensión como ex vicepresidente de la Nación, un beneficio al que se acogió Cristina Kirchner en el mismo período. Pero la finalización del expediente del ex vice contó con otros plazos y terminó judicializado.

Ahora interviene en la discusión del ANSes el organismo que conduce Laura Alonso, que analiza si corresponde el pago de la jubilación de privilegio al ex vicepresidente “ante la inminencia de una posible condena en el juicio por Ciccone, antes de la feria judicial”.

Será después del 7 de agosto que se conocerá la sentencia por parte del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) respecto a Boudou, acusado de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La OA, que es querellante en el juicio, solicitó una pena de 5 años y medio de prisión, más una multa de 90 mil pesos y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.

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