By Obviando toda pauta existente de las organizaciones de Transparencia y Derechos Humanos, la vicepresidenta Cristina Kirchner actuó sobre el área de Acceso a la Información Pública (normas que permiten a los ciudadanos obtener documentos estatales para conocer cómo trabaja un Gobierno) imponiendo, entre otros, a dos dirigentes de su mayor confianza en cargos claves en el Ministerio de Justicia.
Así, se aseguró tener poder sobre los pedidos de acceso a la información pública de documentación que podría comprometerla en la Justicia.
La vicepresidenta ubicó estratégicamente al secretario de Justicia, Juan Martin Mena, ex subjefe del espionaje nacional, y por el titular del organismo encargado de regular las sociedades comerciales, la Inspección General de Justicia (IGJ), el abogado Ricardo Nissen, quien asesoró en cuestiones legales a la familia Kirchner en las causas judiciales vinculadas a empresas a las que ahora él tutela desde el Estado.
Estos dos personajes fueron quienes le negaron a la abogada Silvina Martínez el acceso a los papeles del llamado Instituto Patria, centro de formación de políticas investigado en la Justicia por posible financiamiento irregular y sede central del «cristinismo». La IGJ no los divulgará.
Martínez rastrea desde hace meses pistas sobre el «Patria», y sobre muchas otras empresas vinculadas a la vice. Junto a la ex diputada Margarita Stolbizer, presentaron varias de las denuncias que terminaron en juicios orales con Cristina Fernández como principal procesada.
Esta no es la primera vez que la institución impone un bloqueo a documentos públicos: durante la presidencia de Cristina Kirchner, tras el inicio de la causa judicial Ciccone por la que terminó preso Amado Boudou, la IGJ decidió frenar cualquier filtración de datos a los cuales desde el retorno de la democracia siempre se había podido acceder. Esa medida volvió a tomarse cuando Cristina volvió al poder.
El caso de Mena es llamativo, único en su tipo. Mediante la resolución 5/2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, resolvió que ese funcionario tendría «…la facultad para emitir acto denegatorio de información en el marco del primer párrafo del artículo 13 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública».
La Ley 27.754 está titulada como «Derecho de Acceso a la Información Pública».
El artículo 1 tiene como objeto el de «garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública». Se funda en diversos principios. Todos aluden a la transparencia y a la metodología para ponerla en práctica.
La ministra de Justicia es Marcela Losardo, una funcionaria que se ganó el respeto de la mayoría del Poder Judicial desde antes de que sea nombrada en su cargo. Losardo es amiga personal del presidente de la República, Alberto Fernández.
Quien impuso que sea secundada en ese organismo por Juan Martin Mena fue Cristina Fernández, según ratificaron diversas fuentes, tanto oficiales como judiciales, que tienen trato con las autoridades nacionales.
La resolución 5/2020, más que darle poder a Mena, lo expone.
