By El Gobierno de Mauricio Macri, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), decidió que todos los bancos, entidades financieras y escribanías estén obligadas a informar como sospechosas todas las operatorias vinculadas con unos 100 funcionarios y una veintena de empresas vinculadas al régimen chavista.
La circular establece que “resulta propicio alertar al sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo argentino sobre los riesgos de operar con las personas físicas y jurídicas vinculadas al poder ilegítimo en dicha jurisdicción”. El listado incluye a funcionarios, familiares y allegados y empresas del estado, con participación estatal o vinculadas a funcionarios.
En su argumentación, el organismo que conduce Mariano Federici tilda al régimen bolivariano como una “verdadera cleptocracia” y habla de “niveles sin precedentes de corrupción institucionalizada”. Y considera que los funcionarios apuntados en el listados buscan “seguir enriqueciéndose ilegalmente a título personal”.
Así, la circular de la UIF requiere a los sujetos obligados a informar sobre todas las operatorias como así también todos los bienes y activos que tengan registrados a nombre de los funcionarios o empresas que aparecen en el listado. Además, advierte sobre “los riesgos en los que podrían incurrir si realizan operaciones con el régimen ilegítimo de Nicolas Maduro y su entorno o con cualquier entidad pública o empresa de propiedad, o bajo el control, del Estado Venezolano, sin el aval de la Asamblea Nacional”.
