El Gobierno libera $2500 millones para las obras sociales sindicales

Desde el Gobierno, las cúpulas empresarias y gremiales estimaron que habrá algún desembolso adicional que sirva para atenuar la devaluación que podría concretarse en los primeros días del mes próximo

WhatsApp

El Gobierno y la CGT acordaron hoy la liberación de $2500 millones de pesos para las obras sociales sindicales, que serán distribuidos en tres cuotas, entre el mes en curso y noviembre, después de que fallara la negociación por el bono el 5 mil pesos para empleados del sector privado.

Se trata de un compromiso asumido casi al inicio de la gestión de Mauricio Macri para que las prestadoras médicas afronten los tratamientos de alta complejidad y como parte del plan de Cobertura Universal de Salud (CUS).

El dinero proviene del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que surge del aporte obligatorio que se les retiene mensualmente a los trabajadores registrados de sus salarios: «Hay 30 obras sociales que están al borde de la quiebra. La guita es del sistema, no es que el Gobierno nos las regala. La salud es difícil de sostener con los insumos en dólares», dijo un sindicalista que participó de las tratativas con funcionarios de la Superintendencia de Servicios de la Salud.

La apertura del grifo de fondos para las obras sociales fue parte de la negociación por el bono salarial, aunque en este caso los empresarios observaron la puja como neutrales.Fue en estas charlas, con Dante Sica presente, en las que empresarios y gremialistas sugirieron un pago extra que compense la caída salarial y que sirva para dinamizar la economía doméstica.

No se frustró el bono, pero tampoco está a tiro de decreto, como insinuó hace diez días el ministro de Producción y Trabajo. La negociación por el pago extra para los trabajadores del sector privado está empantanada en medio de un terreno heterogéneo, con industrias con caídas más bruscas que otras y asalariados más protegidos por sus respectivos convenios colectivos que otros.

Sica, que intenta desde hace días buscar un atajo al tema, sugirió esperar hasta conocer la inflación de septiembre para definir la pulseada. Estima que en dos meses la suba de precios podría ser de casi el 10%, lo que dispararía en algunos pocos casos la cláusula gatillo o acumularía más fundamentos para revisar las paritarias.

En caso de ser un decreto, la decisión oficial es que se trata de un bono no remunerativo.

Comentarios