By Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), fue sobreseída este jueves por el juez federal Sebastián Casanello en la causa en la que estaba acusada de incurrir en el delito de defraudación contra la Administración Pública.
El magistrado determinó que la funcionaria no incurrió en una falta legal cuando, según la denuncia de diciembre de 2020 de Arminda Banda Oxa, le ofreció un cargo en el INADI o un plan social a cambio de que ella renunciara al trabajo en su casa.
Según la parte demandante, todo comenzó cuando Banda Oxa intimó a Donda a saldar aportes jubilatorios adeudados y regularizar su vínculo contractual.
El abogado de la denunciante planteó que Donda pretendió echarla una vez iniciada la cuarentena por el coronavirus, «intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral, ofreciéndole en dicha oportunidad, en caso de acceder a ello, la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado».
Cinco meses después, Casanello concluyó que no hubo delito luego de investigar si en algún momento se había dado comienzo a trámites administrativos para un supuesto nombramiento de Banda Oxa en el instituto anti discriminación.
Casanello delegó la investigación en la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan y, a comienzos de marzo, señaló que si bien se había podido acreditar que «existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales Victoria Donda habría formulado un ofrecimiento impropio, faltaban los elementos que indicasen que, tras esos diálogos, había existido un acto administrativo de la funcionaria: una resolución u orden emanada de la titular del INADI, que dispusiese hacer efectivo tal ofrecimiento, mucho menos un contrato estatal que lo perfeccionara».
Por esa razón, el caso volvió a la fiscalía, que ratificó que, a su juicio, «se encontraba verificado el estado de sospecha» y «deslizó al mismo tiempo que, en caso de que el juzgado no compartiera el criterio, debía reasumir la investigación y realizar las medidas de prueba que considerara pertinentes». Marijuan había pedido que se llame a la funcionaria a declaración indagatoria.
Pero Casanello no halló ningún indicio del ofrecimiento realizado en los audios que se viralizaron, ni siquiera actos preparatorios para una eventual contratación. Y tampoco se detectaron pruebas de algún trámite en marcha para otorgar un plan social o un subsidio similar.
En la resolución, a la que accedió Clarín, el juez detalló que «el INADI no registra ningún inicio de trámite que tenga como objetivo contratar a Arminda Banda Oxa», y que «en el Ministerio de Desarrollo Social no constan registros de planes o beneficios sociales» a favor de la mujer. Finalmente, Casanello dijo que «la Procuraduría de Investigaciones Administrativas no ha iniciado ningún expediente disciplinario vinculado al hecho que se investiga en la presente causa».
Como último punto, Casanello señaló que la defensa de la funcionaria, solicitó, mediante el escrito presentado el 22 de marzo, «el archivo de las presentes actuaciones, en tanto consideró que las medidas de prueba dispuestas han arribado a un resultado infructuoso, y no se vislumbraba ningún otro camino probatorio que permitiera avanzar en la pesquisa».
Cuando el expediente inició, se conoció que en los recibos de sueldo figuran pagos realizados por la funcionaria a Arminda, desde julio de 2016, cuando le pagaba $5.000 mensuales, hasta enero de 2021, cuando también le pagaba $5.000, como si en ese lapso su empleada doméstica no hubiera tenido ningún aumento o actualización inflacionaria.
