By Con Cristóbal López y Fabián De Sousa presos por haber defraudado al Estado en $ 17.000 millones, el juez comercial Javier Cosentino se juntó en la refinería de Oil Combustibles S.A. con un grupo de trabajadores a quienes les informó que declarará la quiebra.
El juez garantizó el pago de salarios del mes y les adelantó que buscarán lograr una «quiebra continuada», es decir, que alguna otra firma compre Oil.
Oil Combustibles SA pasó de ser el corazón del Grupo Indalo, por tratarse de la principal prestamista de todas las compañías, la más valiosa en cuanto a sus activos, a quedar a horas de ser dictaminada su quiebra.
López nunca le pagó a la AFIP el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) durante el último gobierno de Cristina Kirchner, generando una deuda de $8.000 millones y, con dichos fondos, el empresario K «se financió y amplió su conglomerado» adquiriendo más firmas, según corroboró la Justicia.
A la fecha la deuda con punitorios e intereses, supera los $ 17.000 millones y en caso de ir a la quiebra la compañía, la AFIP buscará cobrar la mayor cantidad posible de dicha suma.
Entre otras cosas, durante esa reunión, Cosentino les garantizó a los trabajadores el pago de los salarios del mes en curso y, en caso de que no haya un comprador y se proceda a los despidos de los 400 trabajadores, se aseguró que habría fondos para hacer frente a las correspondientes indemnizaciones.
Ante dicho escenario, y una vez dictaminada la quiebra, el juez se tomará 20 días -buscan que el proceso sea lo más acelerado posible-, para evaluar ofertas de los eventuales interesados. Será Cosentino quien determine el valor de Oil Combustibles, cuyo principal activo, según señalaron a Clarín, es el puerto.
La AFIP, ante una quiebra, podría perder la posibilidad de hacerse de los alrededor de 17 mil millones de pesos que reclama.
La quiebra de Oil Combustibles, si no aparece ningún comprador, concluiría con un eventual remate de sus bienes. Pero no se descarta un interés de la estatal YPF. En paralelo, fuentes judiciales recordaron que el juez Cosentino ya había rechazado incluir en el registro de anotados en el cramdown a una firma con sede en Londres llamada Prarex. Fue por no cumplir con los requisitos exigidos.
