Elisa Carrió denunció a Alberto Fernández y Ginés González García por la operación de la vacuna rusa

“La dimensión de esta operación admite una urgente intervención, a riesgo de desencadenar consecuencias indeseables y aún irreparables a escala general”, aseveró la política

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La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, denunció penalmente este miércoles al presidente de la Nación, Alberto Fernández y a su ministro de Salud, Ginés González García por las negociaciones y compra de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

La dirigente opositora apuntó que los funcionarios atentaron “contra la salud pública”, defraudaron al Estado e incumplieron sus deberes de Funcionario Público en las “gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V”.

La denuncia incluye además a “cualquier otro funcionario que hubiera participado en gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno ruso, y menciona en ella a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

“Esta operación comercial pone en riesgo a la totalidad de la población argentina, en su integridad física y en especial a quienes serán sus primeros receptores”, exponen desde la Coalición Cívica y recuerda que las primeras aplicaciones de la vacuna serán “al personal de salud y seguridad; implicando esto, que serán ellos los elegidos para completar la Fase III, con desenlace impredecible y, con la posibilidad -según sus resultados- de tener bajas, en quienes tienen a su cargo la noble tarea de atender la cuestión de seguridad y sanitaria general”.

La denuncia considera que se trata de una “operación comercial sin precedentes”, y que “no sabemos si será apto para humanos de entre 18 a 60 años, pero que sí sabemos, no lo será para cumplir -de momento- la finalidad de proteger a los adultos mayores”.

«No existe razón fundada para que, una tratativa comercial y sanitaria de esta dimensión, se mantenga en un canal hermético reservado a un minúsculo grupo de funcionarios. Mucho menos cuando esa negociación bilateral, se lleva adelante con un país a cuyo mandatario, le repugna la publicidad de los actos de gobierno», cuestionaron en relación a Vladimir Putin.

Otro punto que se destaca es el aspecto económico y el desconocimiento del monto total abonado por el gobierno argentino para recibir las 300 mil dosis de la Sputnik V: “No sabemos cuánto se abonará por un producto cuya respuesta inmune se ignora y que no garantiza la seguridad de la población sometida a su aplicación, porque se ignoran los efectos colaterales y/o adversos”.

La denuncia señala que “la contratación y adquisición de esta vacuna, parece haber desplazado las otras opciones que ya completaron sus fases de experimentación y que han comenzado a aplicarse en países europeos y Estados Unidos”.

Sobre el rol de Carla Vizzotti, recordaron que la funcionaria había declarado que todas las vacunas contra el coronavirus que están evaluando comprar “se encuentran en fase 3” y que “no se aprobarán hasta que éstas no terminen y se reúna toda la información”, y afirmó además que “se están dando todos los pasos para acelerar todo el proceso de aprobación y contar con las vacunas lo antes posible, pero sin saltar ningún paso, ya que hay que tener en cuenta que la seguridad de las vacunas es muy importante debido a que se introducen en población sana”.

Carla Vizzotti fue una de las funcionarias que viajó a Rusia para negociar las 300 mil dosis de la Sputnik V. Foto: Marcelo Carroll.

En la denuncia de Carrió exponen que, pese a estas afirmaciones, “la operación de adquisición de la vacuna rusa se celebró, y en el día de la fecha, se inició el operativo de vuelos para su ingreso al país”. Y sumó: “Insistimos, antes de tener la conclusión final sobre su eficacia y total garantía a cualquier segmento de la población”.

Otro de los reclamos radica en el secretismo de las operaciones del gobierno respecto de la vacuna y la necesidad de hacer pública esa información: “De momento, se ignoran las razones, dado que los funcionarios del Poder Ejecutivo mantienen reuniones y tratativas secretas con funcionarios rusos, a espaldas del pueblo argentino y de sus representantes en el Congreso de la Nación, pese a la trascendencia e interés público”.

Desde la CC-ARI advierten que esta operación implica “una doble alarma”: “Por un lado, como amenaza cierta a la integridad y protección de la salud pública de los argentinos que deban acceder a su aplicación y, por otro la posible defraudación al Estado, al avanzarse sobre una erogación multimillonaria, por un producto no apto para inmunizar a los receptores”.

En los últimos días, Carrió había anticipado su denuncia contra el gobierno nacional y había declarado en una entrevista televisiva que la vacuna Sputnik V es “una estafa del Gobierno” y “un peligro” para la población. y que “la que está obsesionada con la vacuna rusa es Cristina Kirchner” y es además “la responsable de que estemos a fin de año con este grado de vulnerabilidad”.

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