By El Gobierno emitió un decreto que modifica el sistema de libre elección de la obra social, cumpliendo con una promesa que Alberto Fernández le había hecho hace dos meses en la Quinta de Olivos a la Confederación General del Trabajo (CGT) y todavía falta que se ejecute la otra: el pago $11.000 millones a las obras sociales para compensar los gastos del rubro discapacidad en educación y transporte.
El DNU que dispone el cambio de la libre elección estuvo demorado en el Ministerio de Salud y luego retenido en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Los fondos adicionales para cubrir los gastos por discapacidad están desde hace semanas bajo análisis de la Secretaría de Hacienda de la Nación.
Luego del auxilio para las obras sociales, el jefe del Estado quiere sumar en las listas a candidatos provenientes de las filas gremiales para alinear a la dirigencia detrás del objetivo de ganar los comicios legislativos. En el pelotón de postulantes están desde ultrakirchneristas como Hugo Yasky (titular de la CTA oficialista) y Vanesa Siley (del Sindicato de Trabajadores Judiciales), diputados cuyo mandato vence en diciembre, hasta nombres que aportarán la CGT a través de Héctor Daer, uno de sus cotitulares, y el bancario Sergio Palazzo.
Desde la medicina privada están en desacuerdo con el nuevo DNU. Hugo Migonza, director del CEMIC y miembro de la conducción de la Unión Argentina de Salud (UAS), dijo a Infobae que “es una restricción a la libertad de opción que tienen los trabajadores” y destacó que “es una consecuencia no deseada de la falta de incremento de cuotas, ya que en 2020 los salarios aumentaron 32% por RIPTE y las cuotas, 10%”.
“Eso implica que, en términos de salario, la cuota es más económica y, por consiguiente, el aporte al sistema es menor por el no traslado y, además, se hace más accesible pasar de una obra social con muy poco aporte adicional o nulo a una medicina prepaga, facilitando la migración de un sistema a otro”, agregó.
El flamante Decreto 438/21, firmado por el Presidente y los ministros Santiago Cafiero y Carla Vizzotti, establece que cada nuevo trabajador deberá permanecer un año en la obra social que corresponde a su actividad antes de disponer el eventual traspaso de sus aportes a otra entidad.
Para los sindicalistas, desde ahora se podrá corregir una distorsión que provocó la libre elección: hasta el momento, los trabajadores más jóvenes, sanos y con mejores ingresos eran absorbidos por obras sociales chicas que llegaban a acuerdos con prepagas para derivarles esos afiliados, cuyos aportes quedaban en el sector privado y no iban al sistema de seguridad social, que tiene un componente solidario.
Esa modalidad hizo que obras sociales grandes perdieran afiliados en desmedro de entidades más pequeñas (verdaderos sellos de goma en algunos casos) que lograron tener una enorme cantidad de beneficiarios gracias a la triangulación de los aportes.
Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, estimó que “la medicina prepaga tiene cerca de 5 millones de personas y casi el 80 % pertenece a obras sociales que triangularon aportes”. Aseguró que “esto viene pasando hace ya más de quince años, se pasaron más de 4 millones de personas y actualmente se pasan cerca de 30.000 por mes”, dijo el ex funcionario en 2017.
Según datos oficiales, en junio pasado hubo 42.075 traspasos de obra social, lo que da una idea de la importancia de la medida reclamada por la CGT y que el Gobierno aplicó con el DNU.
El nuevo decreto permite que los aportes obligatorios de los trabajadores no puedan ser derivados y deban permanecer durante un año en la obra social de la rama de actividad a la que pertenecen. Al condicionar temporalmente la libre elección podrían entrar en crisis los acuerdos con las prepagas y muchos empleados elegirían quedarse con la obra social que les corresponde en lugar de habilitar el traspaso.
