By Después de que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quedara bajo investigación por su presunto mal desempeño como magistrado por beneficiar a una de las hijas del líder del gremio de los camioneros, Hugo Moyano, Karina Moyano deberá devolver los US$436.670 y $600.000 que estaban congelados.
La mujer terminó envuelta en una investigación penal sobre una red de narcotráfico porque en el documento de identidad de una mujer detenida e indagada en esa causa, Macarena Acevey, figuraba su domicilio en la calle Inclán al 3700, de la ciudad de Buenos Aires.
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé declaró nulo un fallo que favorecía a la hija de Hugo Moyano, que había sido firmado por su par Federico Villena durante la feria de verano.
El fallo anulado había ordenado el sobreseimiento de Karina Moyano y el reintegro de US$436.670 y $600.000 que estaban congelados desde hacía más de dos años en una causa por presunto lavado de activos vinculado al narcotráfico. La mujer retiró estos fondos en la sucursal del Banco Nación de Lomas de Zamora.
Según explicó Moyano en uno de los varios escritos sucesivos que presentó en cuestión de horas ante el juez a cargo del expediente durante la feria, Federico Villena, ese dinero «responde a causas de absoluta legitimidad y buena fe». Según explicó, era fruto de «préstamos e incluso donaciones de mis padres y hermanos durante un tiempo extenso que no puedo precisar con exactitud, pero tengo la certeza de que esa conducta solidaria se inició antes del comienzo de 2016».
Psicóloga social y secretaria de Género en el gremio de Camioneros, en uno de los escritos precisó que «el objetivo de la ayuda económica consistía en conformar una sociedad con aquel [por su pareja, padre de la detenida], una empresa familiar de logística destinada fundamentalmente al rubro fletes».
Ante la Justicia, cabe precisar, Karina Moyano, de 47 años, no acompañó constancias registrales sobre esa empresa o sociedad, ni otra documentación respaldatoria de sus dichos, como así tampoco ninguna declaración jurada de su padre, madre o hermanos en la que constara que contaban con esa disponibilidad de dinero en efectivo.
La hija de Moyano sí añadió, en cambio, que el abogado que firmó con ella uno de esos escritos, Daniel Llermanos, letrado histórico de su padre, le había «aportado» US$ 80.000, sin precisar si lo hizo en concepto de donación o préstamo. «Me patrocina y es amigo y abogado nuestro desde hace muchísimos años», indicó, sin tampoco acompañar constancias.
Por el contrario, Karina Moyano sí ahondó en los motivos por los que no le reclamó ese dinero a lo largo de 2019 al juez de Lomas de Zamora a cargo de la investigación, Juan Pablo Augé, pero sí se decidió a hacerlo en plena feria judicial, cuando por unos días firmaba otro magistrado, Federico Villena.
«No reclamé con antelación la devolución de los importes aludidos porque cada acción de mi familia era tomada por la prensa como hechos irregulares que se difundían en los medios hegemónicos de manera masiva en la búsqueda política de aniquilar nuestra imagen pública y no quise -en medio del enorme lawfare que sufrían mi padre y mi hermano Pablo- añadir otra cuestión que pudiera perjudicarlos».
«Tomé ahora la decisión de reclamar la restitución [de los fondos]», abundó, «porque al haberme separado de mi pareja necesito con urgencia recuperar el dinero para adquirir un inmueble para vivienda familiar», además de sostener que no se encontraba «imputada por la comisión o participación en ningún ilícito».
