By La jueza federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre dictó un amparo y le ordenó a la AFIP que no le cobre el impuesto a la riqueza, conocido como el Aporte Solidario Extraordinario que grava a las grandes fortunas, al empresario Alejandro Scannapieco, ejecutivo del unicornio argentino Globant.
De acuerdo con el fallo, dictado el viernes pasado, la jueza resolvió “hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, consecuentemente, disponer que la parte accionada se abstenga de aplicarle las disposiciones emergentes de la Ley 27.605”.
El empresario había presentado un amparo en la Justicia para no pagar el impuesto alegando que afecta a su derecho a la propiedad y no se trata de un “aporte solidario” como asegura la ley, sino de un tributo “confiscatorio”, el cual se “exige sin contraprestación, en forma coercitiva, no es voluntario u optativo, está destinado a contribuir a financiar el gasto público”.
“El aporte afecta su capacidad contributiva al menoscabar significativamente su renta, gravada ya con el Impuesto sobre los Bienes Personales y que de manera tangencial también se afecta el derecho de propiedad”, agregó el texto. El fallo se demoró en subir a las páginas oficiales, entre otros motivos, porque el expediente contaba con datos patrimoniales del demandante que están reservados.
Fuentes de la administración federal le adelantaron al diario La Nación que apelarán a la medida. Según el Gobierno, el universo de aportantes sería de unas 13.000 personas, de las cuales seis presentaron amparos contra el impuesto a las grandes fortunas y “una de ellas obtuvo una decisión favorable” por parte de la Justicia.
Cabe recordar que el aporte “solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, creado bajo la Ley 27.605, prevé un pago por única vez para aquellos patrimonios que superan los $200 millones, con alícuotas que arrancan en el 2% y alcanzan hasta el 3,5% para bienes en el país y del 3% al 5,25% para bienes en el extranjero.
