By Después de que Martín Báez, el mayor de los hijos varones del contratista K, quedara detenido por violar medidas cautelares impuestas sobre sus bienes, el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) intimó a otro hijo del empresario, Leandro, para que explique el faltante de 1,5 millón de dólares de una empresa intervenida por la Justicia. Este dinero corresponde a una venta de lana que se «habría realizado en negro», sin informar a la intervención dispuesta por el TOF 4.
Báez, que este viernes cumple tres años en prisión, comparte pabellón con su hijo Martín, que quedó detenido por violar las medidas cautelares, como el embargo de 600 millones de dólares y la inhibición de bienes junto al congelamiento de cuentas bancarias. El hijo del contratista K autorizó el movimiento de cerca de 5 millones de dólares de cuentas en Bahamas vinculadas a su padre y a sus hermanos. Esto fue planteado como un riesgo de entorpecimiento de la causa y se ordenó su prisión preventiva.
Ahora, su hermano menor Leandro fue intimado por la interventora de la empresa Austral Agro. Se detectó un importante faltante de dinero, que correspondería a la venta de lana que «se habría vendido en negro», para así eludir los controles correspondientes a la intervención.
El fiscal ante el TOF 4 Abel Córdoba hace meses pidió que esta empresa sea intervenida, porque se estaban observando movimientos de fondos mientras que la familia Báez se encuentra embargada y sus bienes inmovilizados, una prohibición que incluye cualquier movimiento bancario y manejo de dinero.
Para argumentar su planteo, Córdoba señaló que se detectaron recientemente irregularidades en la intervención de la empresa Austral Agro, dedicada a la administración de campos. Con esta firma se intentó vender ganado pese a la inhibición judicial, y se detectaron movimientos de fondos irregulares.
Según explicó el fiscal, la interventora nombrada por la Justicia en Austral Agro “dio cuenta de diversas situaciones que revelan que al día de hoy el imputado y su grupo familiar poseen aún influencia comercial, bancaria y judicial en Santa Cruz para sortear las medidas cautelares que se les imponen”.
Según el informe de la interventora, «la lana ha sido vendida en negro no a los proveedores habituales y trasladada sin guías a nombre de Austral Agro, sino probablemente de alguna estancia vecina que actuó como facilitadora», se detalló.
La Justicia cree que de forma ilegal la familia Báez vendió 250.000 kilos de lana, cantidad que no ingresó a la empresa. El TOF 4 indicó a la interventora que intime a Leandro Báez a que brinde explicaciones al respecto, en su rol de administrador de la empresa «respecto a las ventas de lana y de animales entre enero de 2016 y agosto de 2018».
También se intimó al hijo de Lázaro Báez a que «reintegre la lana faltante o en su defecto lo obtenido por su venta» que según fuentes judiciales alcanzaría 1.500.000 dólares.
