By El fiscal Gerardo Pollicita pidió este viernes elevar a juicio oral, por asociación ilícita y lavado de dinero, a la ex presidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y el empresario Lázaro Baez, por la causa Hotesur, que sirvió para «blanquear» el dinero de la corrupción de la obra pública. Si el juez federal Julián Ercolini acepta el pedido de elevación, el caso pasará a un tribunal oral.
«Se ha corroborado la existencia de una organización criminal que desde el seno del Estado se dedicó en forma constante y sistemática a sustraer fondos del Estado Nacional y luego a apoderarse de ellos a través de distintas maniobras de reciclaje de activos», sostuvo la fiscalía.
El pedido incluye también a Martín Báez, hijo de Lázaro, el contador Víctor Manzanares, la sobrina de la ex presidenta Romina Mercado, y el ex socio de Máximo, Osvaldo Sanfelice. En la lista figuran Adrián Esteban Berni, César Gerardo Andrés, Ricardo Leandro Albornoz, Edith Magdalena Gelves, Patricio Ricardo Pereyra Aranda, Emilio Carlos Martin, Jorge Ernesto Bringas, Julio Enrique Mendoza, Martín Samuel Jacobs, Alejandro Fermín Ruiz y Oscar Alberto Leiva, en orden a las circunstancias fácticas y a los fundamentos desarrollados en el presente dictamen.
Junto a su colega Ignacio Mahiques, Pollicita habló de «la compleja maniobra delictiva que fue llevada por una asociación ilícita que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de distintos planes criminales, entre ellos, la defraudación al Estado Nacional mediante la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, la concesión de beneficios impositivos indebidos, contrataciones espurias y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner».
La investigación Hotesur comenzó en noviembre de 2014 con una denuncia de Margarita Stolbizer por supuestas irregularidades de la firma ante la Inspección General de Justicia (IGJ): Hotesur fue adquirida en 2008 por Néstor Kirchner, con 2 millones de dólares que el entonces ex presidente compró en los días de mayor tensión en el mercado financiero a causa de la crisis en donde el precio se depreciaba y fugaban las divisas.
La acusación fiscal «se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex Presidentes de la Nación, Néstor KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ, ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos».
A criterio de los fiscales, «los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados con los ex titulares del Poder Ejecutivo y con otros funcionarios nacionales, sino que en una segunda etapa los empresarios junto con los ex mandatarios y otros miembros de la organización, elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios ex presidentes y a su núcleo familiar a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades, tal como se investiga en estas actuaciones y en la causa n° 3732/16 públicamente conocida como «Los Sauces».
El dictamen afirmó que «una parte de quienes participaron en la maniobra de lavado de dinero aquí investigada, formaron parte del delito precedente, lo que permite afirmar que conocían a ciencia cierta la procedencia del dinero que era encausado a la empresa de los ex presidentes y que finalmente llegaba a manos de la familia Kirchner procedimientos licitatorios plagados de irregularidades y un esquema de beneficios exclusivos».
