By El martes de la semana pasada, una joven de 18 años fue asaltada por un motochorro que le robó su teléfono celular cuando esperaba para cruzar el semáforo en avenida La Plata al 100, en Almagro. Pero aunque efectivos de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad lo detuvieron, el delincuente ya fue puesto en libertad tras pagar una irrisoria multa.
El ladrón fue identificado como Jair Stevens Jurado Mora, de 24 años. Es de nacionalidad colombiana, llegó al país hace tres meses, todavía no tramitó su residencia y cuenta con antecedentes penales: fue condenado en 2011 por «hurto calificado agravado», en 2016 le abrieron una causa por violencia intrafamiliar y en 2017 lo sentenciaron por tráfico de armas en su país.
Pero 48 horas después de detenido, el Juzgado Nacional en lo Criminal en lo Correccional N° 62, a cargo de Patricia Susana Guichandut, inició la causa contra Jurado Mora por «robo en grado de tentativa» y le concedió una «probation» tras el pago de 700 pesos.
La Justicia le impuso cumplir como condición «abstenerse de consumir estupefacientes y/o abusar de bebidas alcohólicas», regularizar su situación en Migraciones y aceptar ese pago de 700 pesos en concepto de «reparación del daño» a la víctima.
¿Quién es esa mujer que lo liberó con esa consigna irrisoria? La jueza Patricia Susana Guichandut fue nominada para ocupar su cargo al frente del juzgado nacional en lo correccional Nº13 de la Capital Federal en 2005, por el entonces presidente Néstor Kirchner y su ministro de Justicia, el actual miembro de la Corte Suprema Horacio Rosatti.
Entre otras causas tuvo a su cargo el desalojo del asentamiento en el circuito KDT, y encabezó el tribunal unipersonal en el juicio contra Luis D’Elía por el delito de «lesiones en riña» contra el ruralista e integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú Alejandro Gahan, en marzo de 2008. El dirigente social fue condenado a cuatro días de prisión, pero en esa oportunidad no fue a la cárcel.
También estuvo al frente de la investigación del crimen de un automovilista en un peaje de la autopista Illia a manos de un cabo de la prefectura.
Consultado por Infobae, el ex juez Eduardo Gerome afirmó: «Si se trata de un extranjero que no tiene arraigo, que no tiene medios de vida, que se sabe que vino a delinquir, porque tenía antecedentes en Colombia, y a los tres meses de llegar está delinquiendo, no puede tener beneficios; los jueces no le pueden dar beneficios porque están actuando en contra de los intereses de la sociedad».
«No creo que estén dadas las condiciones para otorgarle la probation ni para dejarlo en libertad porque es un individuo peligroso, no hay que hacer una aplicación de la ley automatizada», amplió.
