¿Todo es «lawfare»? Kicillof designó en ARBA a un amigo involucrado en una causa de corrupción

En una de sus primeras medidas como gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof realizó este jueves por la mañana sus primeros nombramientos y se apuró a reeemplazar a Gastón Fossati al frente de la  Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) por un amigo suyo: Cristian Alexis Girard.

Y, para hacerlo sin remordimiento, a pesar de que el hombre que se va a ocupar de la recaudación de la provincia está procesado en la causa de dólar futuro, le echó la culpa de esas acusaciones a la tan mentada (por Cristina Kirchner) doctrina del «lawfare».

La relación entre ambos viene de larga data: cuando Kicillof era secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Girard fue designado como director por el Estado en YPF Gas y Metrogas. En 2012 el Gobierno lo nombró a través del decreto 1814/2012 como encargado de coordinar una estrategia común en las 43 empresas en las que la Anses tiene acciones desde que estatizó en 2008 los fondos de pensión. Entre otras: Edenor, Edesur, Endesa Costanera, Pampa Energía, Transener, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, Aluar, Consultatio y Metrovías. En 2014, Girard fue puesto por su amigo al frente de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Actualmente, Girard está procesado en la causa del dólar futuro junto con el exministro de Economía, por lo que en el decreto oficial que anuncia su designación remarcan: «El Licenciado Cristian Alexis GIRARD ha declarado bajo juramento que se encuentra procesado en la causa judicial identificada como “CFP N° 12.152/2015”, bajo una injusta persecución penal. Que, en tal sentido, dicho proceso se encuadra bajo el concepto de ‘lawfare’, entendido como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación, donde se combinan acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa».

Y continúa: «Que una causa judicial iniciada en el marco de un proceso de persecución política, judicial y mediática inédito en la República Argentina, desde el retorno a la democracia en 1983, no puede implicar impedimento alguno o inhabilidad para que ningún ciudadano pueda cumplir una función pública».